Fundación Vía Libre y la Maestría en Propiedad Intelectual de la FLACSO Argentina, con el apoyo de la oficina Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll invitan al Seminario “Derechos Humanos, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual” a realizarse el viernes 25 de noviembre, de 10 a 18hs. en la Sede de FLACSO Argentina, Ayacucho 555, Buenos Aires.

Desde las últimas décadas del siglo pasado, y en particular, tras la firma del ADPIC y de numerosos tratados bilaterales de inversión y Tratados de Libre Comercio promovidos especialmente por los EEUU y la Unión Europea, las políticas de propiedad intelectual consolidaron una tendencia hacia la extensión temporal y material de los monopolios causados en creaciones intelectuales.

La tendencia a incluir las cuestiones de propiedad intelectual en la agenda de comercio a la vez que dejó vacantes otras esferas del debate vinculadas a los derechos de la ciudadanía “comercializó” su tratamiento.

Por otra parte, en el año 2007, la Asamblea General de la OMPI aprobó la Agenda para el Desarrollo, un programa que prevé un abordaje de la agenda de Propiedad Intelectual bajo la óptica de las necesidades de los países en desarrollo. Este abordaje aparece en principio insuficiente si no se incluyen además las obligaciones relacionadas con el mandato de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (que en la Argentina en particular tienen rango constitucional).

En este marco, este Seminario se propone abordar el debate sobre la propiedad intelectual desde la perspectiva de los derechos humanos, incluyendo en el debate actores diversos, academia, ONGs y funcionarios públicos principalmente. Es decir, abordar los debates sobre aquellos aspectos de la propiedad intelectual que tienen relación directa con el ejercicio de derechos esenciales como el acceso a la salud, a la alimentación, la educación y la cultura.

Para trabajar sobre esta temática, nos centraremos en tres ejes:

1. Derecho a la salud y acceso a medicamentos. A más de 10 años de la entrada en vigencia de ADPIC, las consecuencias de las patentes sobre medicamentos necesita ser analizada y revisada, junto con las nuevas propuestas negociadoras en materia de datos de prueba e información no divulgada que se incluyen en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio.

2. Derechos de autor y derechos culturales. Las tensiones existentes entre el derecho de autor y el acceso a la información, a los materiales educativos y al fortalecimiento de la diversidad cultural, necesitan de un abordaje amplio que permita pensar estrategias para recuperar el equilibrio entre los derechos de los autores y los derechos de la ciudadanía, el rol de las industrias culturales y el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

3. Los derechos medioambientales forman parte del debate, en la medida en que los sistemas de patentes aplicados a la vida y los derechos de obtentor inciden sobre la producción de alimentos. A pocos meses de la celebración de la cumbre de Rio+20, y en plena discusión sobre la crisis climática, el régimen de propiedad intelectual necesita ser revisado a la luz de las negociaciones medioambientales y el impacto que dichos sistemas ocasionan sobre la promoción de innovaciones y la transferencia de tecnologías verdes, como parte de la agenda de lucha contra la crisis climática.

En breve publicaremos el programa de la actividad.
La participación es libre y gratuita.

Montevideo, 24-­25 de noviembre

El Transnational Institute (TNI), el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay (MIDES) y el Municipal Services Project (MSP) organizan de forma conjunta un seminario internacional sobre Alternativas de Gestión de Servicios Públicos y Políticas Sociales.

El evento tendrá lugar en Montevideo, los días 24 y 25 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República.

El seminario contará con la participación de panelistas de varios países latinoamericanos, así como invitados especiales de América Latina y África. Esta actividad está concebida como un espacio para la diseminación de estudios recientemente concluidos sobre estrategias progresistas de gestión pública, la discusión de futuras prioridades de investigación, y el intercambio sobre posibilidades de interacción y cooperación entre investigadores, organismos gubernamentales y activistas sociales.

Por más información:
Dr. Daniel Chavez
chavez@tni.org

27 de julio de 2011

Estimados amigos y amigas, estimados compañeros y compañeras,

la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo en Chile (CLOC-VC Chile), les invita a  un seminario internacional acerca de la situación de la tierra en Chile, que se llevará a cabo el 27 de julio de 2011, el día previo a la celebración del Día del Campesino. Esta actividad es parte de nuestra conmemoración de los 44 años desde la firma de la Ley de Reforma Agraria y tiene como fin hacer conciencia acerca de la importancia de la agricultura campesina y de los pueblos originarios, y del brutal proceso de concentración de tierras y destrucción de los territorios que se ha producido desde el golpe militar en Chile.

Chile es actualmente un país con diferencias sociales y económicas extremas, y el campo es una prueba dolorosa de ello. Aunque las comunidades campesinas e indígenas seguimos entregando buena parte de la alimentación de los chilenos, seguimos sufriendo políticas que nos endeudan, nos llevan a la pérdida de la tierra, a la migración de los jóvenes y a la pérdida de nuestros medios de producción. Al mismo tiempo, se expanden las empresas y las sociedades anónimas en el campo, que sólo buscan  producir para sectores sociales adinerados en el extranjero y que en el camino pagan sueldos miserables, destruyen la naturaleza,  intoxican a trabajadores y trabajadoras, envenenan las aguas, destruyen los suelos y nos expulsan del campo. Las políticas del actual gobierno de derecha han profundizado  las diferencias y las amenazas que enfrentamos. Junto a la extrema concentración de la tierra, hoy luchamos contra el peligro inminente de que se privaticen nuestras semillas y Chile se abra al cultivo de todo tipo de plantas transgénicas.
 
Queremos en este seminario escuchar visiones y testimonios acerca de la lucha por la tierra y los territorios en Chile y en otros países hermanos,  y continuar nuestra discusión y nuestra lucha por una nueva Reforma Agraria en Chile, una que esté al servicio de nuestra Soberanía Alimentaria, que permita la reconstitución de los territorios indígenas y que garantice a hombres y mujeres del campo el pleno acceso a la tierra. Queremos acabar con más de treinta años de censura a la discusión de esta problemática en Chile.
 
Les invitamos entonces a participar de nuestras reflexiones y nuestra discusión acerca de cómo fortalecer nuestras luchas por un futuro en que la tierra vuelva a manos de quien la trabaja, para que así pueda ser cuidada y cultivada para alimentar a los pueblos y garantizar el bienestar de todos.
 
Fraternalmente,
 
ANAMURI    RANQUIL    ANMI
 
¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, América lucha!
 
 
PROGRAMA SEMINARIO

PROGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL “TIERRA, TERRITORIOS Y SEMILLAS CAMPESINAS EN RESISTENCIA”
 
LUGAR:  Facultad de Derecho Universidad Diego Portales
Avenida República Nº 105 Santiago
 
09:00 – 09:30 horas Video y Mística
09:15 – 09:30 horas Saludo de las organizaciones miembros de CLOC Chile
09:30 – 09:40 horas Saludo de la Fundación Heinrich Böll
09:40 – 10:15 horas Presentación Carlos Vicente
10:15 – 10:45 horas Presentación de Paraguay
10:45 – 11.15 horas Presentación de Bolivia
11:15 – 11:45 horas Presentación de Brasil
11.45 – 12:15 horas Presentación sobre pueblos originarios Chile
12:15 – 13:30 horas Primera plenaria de de debate
13:30 – 15:00 horas Almuerzo
15:00 – 16:30 horas Segunda plenaria de debate
16:30 – 17;30 horas Presentación de testimonios campesinos sobre el proceso de Reforma Agraria en Chile
17:30 – 18:00 horas Ronda de opiniones y debate
18:00 – 18:30 horas Resoluciones y conclusiones del seminario
18:30 – 19:30 horas Lanzamiento de libro Cartografía Productiva editado por ANAMURI

Es por ello que celebramos y nos hacemos parte de la movilización social que despierta la conciencia de la ciudadanía para poner fin a la injusticia, las desigualdades sociales, el abuso empresarial y a la falta de voluntad y ética política del actual gobierno.

Hacemos nuestras las demandas del movimiento estudiantil, porque ellas reflejan el sentir y las necesidades de la inmensa mayoría. La lucha actual no es sólo de los estudiantes; es de todas y todos por el bienestar común de nuestro pueblo.

Queremos un país construido sobre la base de la justicia social, dando respuesta y buscando satisfacer las necesidades del pueblo en base a las grandes potencialidades y diversidad del país, no en función del lucro ilimitado de unos pocos.

En este marco, nos preocupa y extraña un conjunto de proyectos de ley actualmente en el parlamento, en elaboración o discusión, que agreden gravemente a la agricultura campesina e indígena, a la biodiversidad del país y a la producción de alimentos para todos nosotros, con el sólo fin de entregar aún mayores privilegios y posibilidades de lucro a los grandes capitales nacionales e internacionales. Nos referimos a la Ley de Obtentores, a la Ley de Vegetales Genéticamente Modificados, Ley de Acceso Recursos Genéticos, Ley de Servicio Forestal (sobre CONAF), Ley de Bioseguridad y otras. En conjunto, ellas buscan expandir el monocultivo de pinos y eucaliptus, privatizar y permitir la destrucción de las áreas y parques naturales para dar paso a tendidos o centrales eléctricas, abrir el país a las plantas transgénicas y privatizar las semillas. Al igual que en la educación, la defensa del lucro sin límite impide el bienestar de las grandes mayorías.

Estamos especialmente preocupados por el intento de aprobación de la llamada Ley de Obtentores, que entrega nuevos y más privilegios a las empresas semilleras, permite la privatización de las semillas y criminaliza las técnicas y prácticas que nos permitieron a los pueblos indígenas y campesinos cuidar, crear, conservar e intercambiar semillas durante cientos y miles de años. Esta Ley en definitiva mercantiliza la vida y afecta en forma transversal a todo el pueblo chileno

Contrario a lo que se ha afirmado desde el Ministro de Agricultura y ANPROS que señalan “que este convenio significa un paso decisivo para la modernización y la competitividad de la agricultura y principalmente, para los pequeños productores.” Por su lado la gremial de las grandes empresas semilleras ha expresado que “se debe contar necesariamente con una ley que proteja la propiedad intelectual” pero lo que esta ley busca, es apropiarse de nuestras semillas, controlar la agricultura, destruyendo nuestra biodiversidad y asegurando la entrada de cultivos transgénicos a Chile y dar paso un negocio mayor para un puñado de empresas transnacionales.

Llamamos a las y los trabajadores de la ciudad, a la ciudadanía en general a involucrarse en las luchas para impedir el despojo de nuestros bienes naturales y de nuestra soberanía nacional y alimentaria . Lo que está en juego y debemos defender para toda la sociedad es el derecho a que el futuro de nuestro país no se defina entre gallos y medianoche, sino a través de procesos de discusión y consultada informada y con pleno consentimiento, a que la alimentación sea un derecho de los pueblos y no un negocio para el gran capital, y a vivir en un ambiente sano.

Llamamos a los Senadores y Senadoras a dar cumplimiento fiel a su rol de representación de los intereses nacionales y del bienestar del pueblo, a no aprobar la ley de obtentores e impedir que la ilegitima aprobación de UPOV 91 se haga efectiva.

Es hora de reaccionar y comprender que “ Sin semillas, no hay agricultura. Sin agricultura, no hay alimentación. Sin alimentación no hay pueblos” nuestra lucha es por la vida.
  
¡¡Tierra, territorios y semillas en resistencia!!
 
Santiago 16 de Julio a 12 días del aniversario de la promulgación de la ley de Reforma Agraria

“La declaración de la Unesco es un reconocimiento internacional orientado a la educación sobre ciencia y cultura respecto a la importancia que tiene un área determinada para el planeta, y por ende, para la humanidad”, lanza Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG Terram, para abordar un tema candente estos días: la real capacidad de la declaratoria Reserva de la Biósfera, recientemente entregada al corredor biológico Nevados de Chillán, para aumentar las restricciones a proyectos y preservar el medio ambiente en la zona.

Punto no menor luego que tanto la entidad internacional, como el seremi del Medio Ambiente del Bío Bío aseguraran que pese a que toda la cordillera de Ñuble fue catalogada con dicho estatus, los proyectos energéticos y de impacto humano en la zona siguen igual, ya que no trae amarrada normativas restrictivas.

-¿Cuál es el efecto concreto de la declaración, tomando en cuenta que no hay más restricciones y en la zona habitan especies endémicas como el huemul?

-La declaración de Reserva de la Biósfera es  muy importante, pues es un reconocimiento y valoración del patrimonio natural, pero lamentablemente en Chile esta categoría no queda recogida en ninguna ley nacional que le dé, a este tipo de áreas, la protección que se merece. En este sentido, puede haber diversas opiniones en términos jurídicos sobre cuánto es lo que realmente se protege con una declaración de Reserva de la Biósfera. En lo concreto vemos que los gobiernos no le asignan ninguna importancia, es así como en su momento la Conama  y ahora el Servicio de Evaluación Ambiental, han autorizados proyectos de diversa índole y magnitud en Reservas de la Biósfera, por ejemplo exploración minera en la Reserva Nacional Las Vicuñas,  parte de la Reserva de la Biósfera Lauca; central hidroeléctrica de pasada en Parque Nacional Puyehue, parte de la Reserva de la Biósfera Bosques Templados y aprobación del proyecto HidroAysén, el cual afecta el Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael.

-Es imposible entonces esperar más protección…

-En concreto, la categoría de Reserva de la Biósfera no significa mayor nivel de protección para especies endémicas y amenazadas como el huemul. La protección de la fauna está dada en la ley de caza, al estar declarada (como especie) monumento natural bajo la convención de Washington y además, existe un plan de conservación del huemul que articula esfuerzos desde el ámbito público y privado.

-¿Como se contrapone esto con la existencia de proyectos energéticos en la zona? Hay más de siete proyectos, entre hídricos y geotérmicos en la zona declarada 

-Tal como decía antes, lamentablemente en Chile no se ha dado la importancia necesaria que se merece la protección del patrimonio natural, de los ecosistemas, de la naturaleza, de la biodiversidad o simplemente de las  especies. Por ello, vemos con creciente preocupación cómo se destruye nuestro patrimonio natural a ojos vista de los ciudadanos y sin que las autoridades hagan nada. Ésto fundamentalmente se debe a que en Chile las leyes que protegen la naturaleza o la biodiversidad son prácticamente inexistentes y además tiene poco peso jurídico. Con esto quiero decir que las llamadas leyes orgánicas constitucionales como el código minero, código de aguas, entre otras,  pasan por sobre las  pocas leyes que protegen el patrimonio natural.  En este sentido, la declaración de Reserva de la Biósfera no implica mayor protección efectiva para esa área, pero sí mayor reconocimiento.

-¿Ese reconocimiento en qué se debería traducir?

-El trabajo consiste en que el Estado, especialmente Gobierno y Parlamento, le asignen mayor importancia a esta categoría y concreticen, dentro de la legislación nacional, las medidas de resguardo, protección y conservación de éstas. Por ello, resulta importante la discusión parlamentaria que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

-Hay un comité público-privado que se generará próximamente para planificar la zona. ¿Se pueden generar medidas concretas a través de esa instancia?

-Evidentemente se pueden generar medidas concretas, pero éstas tienen que ver con planificación, gestión y financiamiento, pero en ningún caso con regulaciones sobre protección efectiva en la legislación nacional.

Na atividade de lançamento, a presidente do DIEESE, Zenaide Honório, explicou que o documento foi realizado no intuito de subsidiar o debate e a formulação de políticas públicas para as mulheres no Brasil. Além disso, a secretária de articulação institucional da SPM, Angélica Fernandes, lembrou que o trabalho também será de utilidade para as mulheres trabalhadoras formularem políticas específicas nas centrais sindicais. (Veja aqui o Anuário completo). 

Trabalho e remuneração 
O Anuário mostrou que ainda que a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha aumentado, desigualdades de salários e de ocupações ainda existem. Os dados apontaram que as mulheres brasileiras costumam exercer trabalhos ligados ao cuidado, educação, saúde e serviços sociais. O emprego doméstico ainda é a profissão majoritária entre as mulheres, de acordo com a pesquisa de 2009 da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domícilios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Além disso, segundo a mesma pesquisa, os homens têm remuneração média quase duas vezes superior a das mulheres. Entre elas, as que apresentaram menor rendimento mensal foram as moradoras das áreas rurais do Nordeste, com R$ 205, enquanto o maior rendimento médio mensal foi registrado na área urbana da região Sul, com R$ 695. Outra informação é que o número de mulheres negras assalariadas ainda é menor que as não-negras. 

Falta de creches limita o direito da mulher ao trabalho 
Segundo o Anuário, a falta de creches é um dos maiores entraves para que as mulheres aumentem sua participação no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, em 2009, 58,8% das mulheres com mais de 16 anos tinham um trabalho. Entre os homens com mais de 16 anos, esse percentual chegava a 81,5%. Essa diferença está ligada à deficiência da infraestrutura dedicada à mulher. As creches, fundamentais para alterar essa realidade desigual, atendiam só 18,4% das crianças até 3 anos de idade também em 2009. 

“A carência dessa política pública [creches] é um impeditivo para que a mulher tenha sua independência econômica que o trabalho propicia”, afirmou o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, durante a apresentação do anuário, em São Paulo. 

Violência 
Sobre violência contra a mulher, o Anuário constatou que em 2009, 43,1% das mulheres brasileiras foram agredidas no ambiente familiar. A Secretaria de Políticas para as Mulheres também afirma que o número de ligações realizadas para a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) cresceu de 46 mil, em 2006, para 734 mil ligações em 2010. No total, 108 mil eram denúncias de crimes contra a mulher. 

Fontes: DCI e Site Caros Amigos

En Uruguay ya estaban liberados los maíces transgénicos MON 810 (2003) y BT11 (2004), de la empresa estadounidense Monsanto y la suiza Syngenta respectivamente, resistentes a ataques de insectos plaga. También ya estaba aprobada la soja RR (1999), también de Monsanto y resistente al herbicida glifosato.

Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).

Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo a Radio Mundo Real el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.

Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.

De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.

Autorizaciones con información parcial y escasa
La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.

Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó.

El investigador de la Universidad de la República y de REDES – AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo”, enfatizó.

El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.

Contaminación creciente
Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.

Radio Mundo Real preguntó a Galeano sobre los riesgos de contaminación transgénica con las nuevas variedades aprobadas. “En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, empezó diciendo. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.

Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales. La Comisión para la Gestión de Riesgo argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar, al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 5 de julio de 2011. La puede leer y escuchar en: http://radiomundoreal.fm/Ahora-son-ocho

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog de diario La Tercera el 23 de junio de 2011.

Desde 1996, cada 17 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía propiciado por Naciones Unidas. Este año se vinculó especialmente con el Año Internacional de los Bosques, cuya protección resulta clave para fortalecer la lucha contra la pérdida de los suelos.

La desertificación es un problema que afecta a países alrededor de todo el mundo. En términos globales se estima que ya afecta al 40% de la superficie del planeta, mientras que en América Latina y el Caribe al menos 300 millones de hectáreas se encuentran desertificadas, cifra que crece cada año. En Chile se estima que de los 75 millones de hectáreas de superficie del país, casi 50 millones de hectáreas se encuentran con algún grado de degradación, erosión, desertificadas o en riesgo de estarlo, es decir, dos tercios del territorio nacional.

En nuestro país, el avance de la desertificación está vinculada principalmente con algunas prácticas denominadas genéricamente “cambio de uso de suelo” y que pueden resultar muy nocivas, tales como la expansión urbana, la ampliación de la frontera agrícola, la corta de bosque nativo en pendiente, en cabeceras de cuenca o para habilitar cultivos agrícolas o forestales, también conocida como labores de “despeje” o limpia, es decir, la histórica sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, y los incendios forestales. Otras causas están asociadas con la escasez y/o mala gestión de agua que está relacionada con su uso en actividades mineras, construcción de represas y embalses, así como también de sistemas de regadío agrícolas y forestales industriales que afectan la calidad de los suelos. Las principales consecuencias sociales de la pérdida de suelo, son el empobrecimiento de los poblados rurales y la consecuente migración del campo a la ciudad.

En términos ecológicos, la deforestación, la pérdida de suelo, el avance de los desiertos y la intensificación de la sequía son fenómenos que se interrelacionan en términos de alterar el patrón de precipitaciones, las que se han reducido de manera sostenida en las últimas décadas en el país, tal como señalan diversos estudios, amenazando los ecosistemas y con ello la supervivencia de ecosistemas y de una serie de actividades productivas a lo largo del país. Así, la lucha contra la deforestación y la desertificación debieran constituir una piedra angular de la estrategia de Chile para enfrentar el cambio climático.

Para ello es necesario fortalecer las instituciones que desde el Estado tienen la responsabilidad de velar por la protección y conservación de nuestro patrimonio natural, particularmente los bosques. En este contexto, se debe poner especial atención en la discusión que se desarrolla actualmente en el Senado respecto al proyecto que modifica la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para transformarla en un Servicio Forestal público. Es indispensable entender la importancia que tienen los bosques nativos en frenar la desertificación, y en la protección de cursos de agua y de los suelos. La ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (N° 20.283), en su artículo 17 establece la necesidad de contar con medidas exigentes de protección. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura a través de un reglamento le ha bajado el perfil y ha flexibilizado estas medidas, con lo que poco podrán ayudar al control de la desertificación. El permanente menoscabo a nuestro patrimonio natural y las blandas regulaciones en nada ayudan al país, pues no permiten que las instituciones encargadas por ley del resguardo de los bosques cumplan su función; por el contrario, desde el aparato público más bien se favorece el desarrollo de “proyectos productivos” que amenazan nuestros bosques, aguas y suelos.

Es necesario apoyar la creación de instituciones públicas en las que el fomento productivo, la conservación del patrimonio natural y la fiscalización estén en distintos servicios. No es razonable que sea una misma entidad la responsable de, por una parte, promover plantaciones exóticas, por otra, conservar el bosque nativo y que, junto con ello, deba fiscalizar este mismo ámbito.

Asimismo, es necesario promover y financiar investigación, así como generar mecanismos para que los pequeños propietarios forestales jueguen un rol relevante en la lucha contra la desertificación; es necesario trabajar para mejorar las vías de participación de las organizaciones y comunidades locales. Son aquellos que están más cerca y que dependen directamente de los bosques y otros ecosistemas amenazados, los que están en mejor posición para conocerlos y defenderlos del avance de la desertificación.

Presentación de la Compañera Francisca Rodríguez de la Comisión Política de la CLOC- VC frente al Tribunal Constitucional de Chile.

Señores Ministros permítanos en primer lugar saludar y agradecer la disposición de este Tribunal de dar acogida a la presentación y solicitud de audiencia de las organizaciones del campo que en representación; de las mujeres rurales e indígenas, de los productores campesinos, los trabajadores del agro y de pueblos originarios, ANAMURI, RANQUIL, CEPA y la Asamblea Mapuche de Izquierda quienes somos integrante, parte de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo CLOC y a nivel mundial de La Vía Campesina. Nosotras y nosotros sus dirigentes hemos suscrito la inconstitucionalidad a la medida aprobada por ambas cámaras frente disposición para la adscripción de Chile Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales definido como “UPOV 91”
Saludar también vuestra disposición de escuchar y recibir las diversas opiniones de los y las ciudadanas de este país, situación que debiera de haberse realizado con la máxima rigurosidad por ambas cámaras del Congreso Nacional, Tal como como lo solicitamos en junio del 2009 cuando concurrimos por primera vez ante la comisión de agricultura del parlamento, para hacer presente, las dimensiones que implicaba para el país y para la agricultura campesina esta ley.
Hoy día, de manera específica, queremos reiterar los planteamientos expresados en nuestra presentación por escrita y hacer notar nuestra profunda preocupación ante este Tribunal Constitucional, respecto a las graves consecuencias que nos provocara el referido Convenio Internacional:

Tal como lo expresamos en nuestra presentación, las modificaciones introducidas al Convenio Internacional que están contenidas en el Acta Modificatoria del 19 de marzo de 1991, aumentan y exacerban al límite la desigualdad ante los beneficios y derechos de los entes obtentores, de las semillas vegetales comerciales. Tanto para los individuales como para los corporativos, que hoy se definen como “creadores de variedades” reconocidas.

Todo esto va, en perjuicio de las comunidades rurales de todo el país, de nuestros antecesores nuestros ancestros, Hombres y mujeres de la tierra de ellos heredamos el oficio y con ellos las semillas, a través de la historia, las hemos cuidado, reproducido e intercambiado y conservado para las futuras generaciones, por eso decimos que las Semillas son un patrimonio de nuestros pueblos Indígenas y campesinos los verdaderos y únicos creadores del germoplasma originario, hoy apropiado y utilizado por las por las grandes empresas semilleras.

Por eso venimos a reiterar, que “El Convenio UPOV 91 que permite la apropiación de un bien común, por su naturaleza, está en conflicto con el Art. 19, Inciso 23 de la Constitución.
Que el Acta Modificatoria del 19 de marzo de 1991, a dicho Convenio Internacional, aumentan y exacerban al límite, la desigualdad de los beneficios y derechos de los entes obtentores, sean estos individuales o corporativos de las semillas vegetales comerciales.

La modificación introducidas en Convenio UPOV 91 permite la apropiación ilegítima del fruto del trabajo de otros, ya que en el Artículo 1 define como obtentor a quien descubra una variedad.  

Para reclamarlas como propias, las empresas no necesitarán más que un trabajo marginal que las muestre homogéneas. Como bien ustedes comprenderán, toda variedad es fruto del trabajo humano, esta no existen de manera natural. Estas han sido creadas y perfeccionando a lo largo del tiempo, producto del trabajo de muchas y muchos.

Como podrán apreciar ustedes, el carácter de “nueva” que exige UPOV 91, es definida en los documentos de la Convención, como aquélla que no es “manifiestamente conocida”.

Ello no es garantía alguna para nosotras y nosotros los campesinos, de que las empresas no se apropiarán de nuestras variedades, ya que nuestras variedades circulan principalmente a través de canales locales e informales y por supuesto que estos no se consideran “manifiestamente conocidas”.

Es lamentable que escuchar a los señores “expertos” que nos han indicados como ignorantes omitiendo nuestros saberes y desconociendo nuestra ciencia que es la que generado por milenios las semillas que alimentan el mundo, al parecer solo les preocupa los aspecto de mercado y en nada se han referido al tema de la alimentación.

En estas circunstancias, es lógico preguntarse: ¿porque las autoridades se obstinan en hacer aprobar en el parlamento la adhesión a un convenio internacional que amarra y obliga al país al cumplimiento de sus normas.

En circunstancias que aún se encuentra en discusión y trámite legislativo el análisis del proyecto de ley que a futuro regulará en el país los derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales.

¿Vale preguntarse, el por qué los otros países como Argentina Brasil, México, Colombia, se han negados a adherirse a UPOV 91 ” Cuales son los intereses de fondo, que están generando este absurdo proceso?.

Permitimos, también, hacer presente ante este Tribunal Constitucional, la grave circunstancia que implica la aprobación de UPOV 91, en el Congreso Nacional, ante la ausencia de consulta a las organizaciones de los Pueblos originarios, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Convenio establece, que deberá consultarse de buena fe a los pueblos indígenas cuando se proyecten leyes que los afecten. Precisamente es en los territorios y comunidades de los pueblos originarios donde se ha producido el mayor despojo histórico del patrimonio Fitogenéticos

El Convenio 169 establece que; Deberán protegerse los recursos naturales existentes en tierras indígenas. O sea al momento de ratificar el Convenio, Chile tiene el deber de tomar las medidas que resulten necesarias para aplicar sus disposiciones, de ahí que también resulta inconstitucional no haber realizado las consultas suficientes e informadas a los Pueblos Originarios del país.

Señores Ministros, por todo lo expuesto y por las mismas razones indicadas por los 17 Senadores de la República y las muchas otras que sin duda han sido formuladas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, sumadas a las que están siendo expresadas por representante de diversas organizaciones y regiones del país hoy día, en esta audiencia pública. Esperamos que resulte probado, que el Convenio UPOV 91 que atenta contra las garantías constitucionales establecidas y que a la vez provoca un daño irreparable a nuestra soberanía alimentaria, los sistemas alimentarios locales y a nuestra cultura, amenazando la existencia misma del campesinado. Por lo mismo que le reiteramos nuestra solicitud y apoyamos respetuosamente todas las otrs peticiones para que la resolución frente a la adscripción de Chile al Convenio UPOV 91 sea declarado inconstitucional y su adhesión a él sea derogada.

1.- ¿Cuál es su apreciación sobre este proyecto, desde el punto de vista de las trabajadoras temporeras y sus necesidades?
El capricho, tanto de empresarios como de dirigentes sindicales, de sacar adelante “el famoso estatuto”significa un retroceso para el mundo del trabajo, según todo lo que hemos visto y cómo se han ido expresando las distintas corrientes o los distintos pensamientos y posturas desde el empresariado. Concluimos que el Estatuto del Temporero/a es una necesidad empresarial, más que una necesidad propuesta por las y los trabajadores.

Nosotras como ANAMURI le hemos dado mucha vueltas, preguntándonos si estamos equivocadas o no, dado que hay un gran número de personas pujando por hacer un Estatuto con tantas falencias y debilidades. Estamos en este momento preocupadas porque hay algunas voces señalando que el proyecto ya está en el Parlamento.

Tenemos un documento con propuestas concretas, que se ha trabajado con expertas y con laConfederación Campesina Ranquil, con quienes hemos trabajado durante los últimos meses, tratando de instalar una comisión para sentarnos a conversar, discutir y revisar todas las propuestas que han salido desde el sector empresarial y de algunos dirigentes, ver lo que la ley actual tiene, lo que nosotras quisiéramos que estuviese contemplado en algún artículo o ley que se hiciera. Todo ese trabajo terminó en un compendio de demandas que nosotras comoANAMURI queremos hacer público, donde se trata de velar por un salario ético, empleabilidad, jornada laboral,  salud de las trabajadoras, entre otros aspectos (acceda al documento de ANAMURI). 

2.- ¿Qué ha hecho ANAMURI para participar en el debate del Estatuto del Temporero/a que se enviará al Parlamento?
Nuestro esfuerzo ha sido trabajar y participar en la mesa tripartita, integrada por empresarios, Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, espacio en el que dimos la pelea hasta la última vez que nos citaron a debatir.  Luego no nos citaron más, debido a que quienes participaban en esa instancia de discusión culparon a ANAMURI de que la resolución Nº 4578, reafirmara nuestra posición de oponernos a un bono compensatorio de $80.000 en reemplazo de cumplir la ley de salas cunas,  que es una obligación de los empresarios.

En el marco del debate por la extensión del postnatal, a este sector de las mujeres no les llegaba ayer ni hoy en día. Es decir, ni con la actual legislación, ni con las modificaciones propuestas, no tiene ningún impacto real en las trabajadoras asalariadas agrícolas. Es bien dramática nuestra resolución.

3.- ¿Qué alianzas o relaciones han establecido con parlamentarias/os para que sus preocupaciones sean consideradas?
Yo creo que hay hartos interesados en el Parlamento en conocer nuestros temas. Sucede que hay algunos parlamentarios que tienen sus propias ideas fijas y nosotras no estamos por darle crédito a eso.

Nos hemos reunido con la diputada del PPD, Adriana Muñoz, porque ella siempre ha estado colaborando con ANAMURI y nuestros temas. Incluso, ella no puede creer que organizaciones campesinas, que ella bien conoce, hayan caído en estar alineadas con el empresariado. Creemos que cuando hay personalidades como María Ester Feres, el padre Alfonso Baeza que apoyan y argumentan que tenemos razón en nuestras demandas, nadie puede decir que las organizaciones de mujeres de ANAMURI están hablando por hablar, sino porque exigen ciertos derechos que han ganado a lo largo de muchos años de trabajo. Nos interesa compartir con expertos nuestros documentos para discutirlos políticamente.

Ahora, con la senadora Ximena Rincón hemos tenido varias conversaciones, porque ha estado bien atenta al tema de la “semilla campesina”, es decir, al Convenio UPOV 91 que hemos denunciando junto a otras organizaciones campesinas y también nos ha llamado y consultado sobre el tema de los plaguicidas. Creo que es posible generar una buena alianza con más parlamentarios/as y si bien “no podemos pensar que ahí  estará la solución”, podemos lograr que ellos/as tengan sensibilidad a la hora de votar y porque saben que esta organización de mujeres, más allá de pelear derechos, aborda una amplitud de temas que como organización hemos puesto en el tapete de la discusión política, social y cultural.

Es bien complejo el escenario para las trabajadoras de la agro-exportación, dado que muchos de los parlamentarios son empresarios y están vinculados con el tema de la exportación y sus empresas.

4.- ¿Creen en ANAMURI que desde el Parlamento se les consultará como expertas y como la organización con mayor trayectoria en la materia?
Tal vez como organización de mujeres nos puedan consultar, como ya lo ha hecho la senadora Ximena Rincón. Si nosotras nos ponemos las pilas es posible que logremos una conversación más amplia con otras y otros legisladores.

5.- ¿Qué incidencia tiene la participación de organizaciones de la sociedad civil en la tramitación de proyectos de ley y qué valor le atribuyen ser consideradas en las comisiones dónde se debaten materias relevantes para la ciudadanía y las mujeres?
Nosotras sabemos que en la medida que nos inviten podremos informar, nos parece muy importante. De ahí a creer que se las van a jugar por nuestras propuestas, existe un gran trecho, por lo tanto no tenemos mucho convencimiento. Es súper importante como ANAMURI hacer ese ejercicio, participar de las instancias de debate y poner la opinión de nuestra organización frente a los distintos proyectos de ley que nos competen; nos merecemos un mayor respeto que hace seamos consultadas.

También sabemos que nosotras podemos incidir en que nos llamen a participar en distintas comisiones del Parlamento. El Estatuto del Temporero/a no es el primer proyecto en el cual hemos opinado, lo hemos hecho en otras iniciativas de ley y de hecho en el tema de los plaguicidas ANAMURI tiene una fuerza importante desde el punto de vista de la representación de las trabajadoras que han sido las primeras afectadas, lo que no se escapa al resto de los ciudadanos de este país.

Desde ANAMURI nosotras creemos que podemos tener incidencia a la hora de frenar momentáneamente los procesos, como lo que ocurre con la semilla, y en estar alertas. El Parlamento para nosotras es una instancia donde podemos obtener información, donde podemos recoger ciertos insumos para nuestros argumentos. Nuestra tarea ha sido resistir desde nuestra organización.